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La ley que establece que los funcionarios designados y electos deben depositar una declaración jurada de bienes antes y después de abandonar las posiones que desempeñan, debe ser eliminada.

Esto así porque la misma se presta a que muchos procuren dinero y propiedades con amistades y familiares y las consignen como suyas en sus declaraciones, para cuando salgan de las mieles del poder justificar que ingresaron con fortunas que la mayoría no puede justificar.

Esa es la verdad monda y lironda, lo demás es puro ejercicio de retórica barata que pocos creen.