Sociedad Civil afirma reforma municipal debe mejorar distribución del gasto
Organizaciones
de la sociedad
civil coinciden en que es de vital importancia una reforma a la
administración pública municipal en aras de garantizar una mejor
distribución del gasto de los ayuntamientos, acceso a servicios de
calidad e implementación de políticas y acciones que realmente
garanticen la participación de la sociedad civil en los diferentes
niveles de la gestión pública e impulsen la equidad de género en los
municipios.
Bajo
el lema de “Ciudanía activa para una gestión local transparente e
inclusiva”, el colectivo de organizaciones entre las que se encuentran:
Ce Mujer,
Cepae, CESAL, Ciudad Alternativa, Comunidad Cosecha, Fundación
Solidaridad, Oxfam, Participación Ciudadana,
Plan Internacional en la República Dominicana
y
Progressio se han articulado en un consorcio, que con un proyecto
apoyado por la Unión Europea dará seguimiento a la reforma municipal.
“Tenemos
una gran oportunidad en el actual proceso de reforma municipal que se
lleva a cabo para evaluar la aplicación del actual marco legal” planteó
en nombre del consorcio Raúl del Río, director de Oxfam en República
Dominicana.
Entre los principales desafíos que deben ser superados de cara a una reforma municipal están:
garantizar participación de la ciudadanía en los procesos locales,
desarrollar capacidad técnica tanto en las instancias de los gobiernos
como en sociedad civil y alianzas con expertos para aportar a las
discusiones.
Del Río, en sus palabras de apertura al conversatorio
Reforma municipal: retos y desafíos puntualizó que “para la
sociedad civil es fundamental contribuir a la consolidación de la
gobernabilidad democrática y a la cohesión social en el país.
Entendiendo la importancia de que el ejercicio de la función pública
se haga desde y con la participación de la ciudadanía e incluyendo las
necesidades diferenciadas que tienen las mujeres tanto dentro de la
gestión pública como cuando son las receptoras de los servicios
municipales”.
Enfatizó
la importancia del fortalecimiento de los espacios locales de diálogo
entre la sociedad civil y las autoridades a fin de mejorar la
participación
en las diferentes fases de la gestión municipal: planificación,
administración, ejecución y la rendición de cuentas, desde la
perspectiva de género.
Los
retos y desafíos del gobierno ante la ya inminente reforma municipal
fueron planteados por Milagros Moore y Nuranni Reyes del Ministerio de
la
Administración Pública (MAP). Mientras que la mirada de los
ayuntamientos de cara a este proceso la planteó Juan Luis Pimentel, de
la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).
Sobre
las implicaciones y necesidades para que la reforma sea realizada con
perspectiva de género expuso Consuelo Cruz consultora de ONU Mujeres y
respecto al rol de la sociedad civil habló Juan Castillo de la
Fundación Solidaridad.
Estas
declaraciones fueron ofrecidas en el marco del conversatorio: “Reforma
municipal: retos y desafíos”, realizado en un hotel de esta capital y
contó con la presencia de diplomáticos de la Unión Europea, autoridades
de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), organizaciones de
la sociedad civil y público interesado en el tema.
El proyecto
Ciudadanía activa para una gestión local transparente e inclusiva es desarrollado por un consorcio integrado por 10 organizaciones de la sociedad civil:
Ce-Mujer, Cepae, CESAL, Ciudad Alternativa, Comunidad Cosecha, Fundación Solidaridad, Oxfam, Participación Ciudadana,
Plan Internacional en la Republica Dominicana
y Progressio y es parte del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL).
Se
implementa en 40 municipios de la República Dominicana con el
financiamiento de la Unión Europea, teniendo como contraparte al
gobierno dominicano
a través del Ministerio de Administración Pública (MAP).
En
el marco de este proyecto el consorcio realizará veeduría social,
formación a organizaciones y personal de los ayuntamientos y seguimiento
a las acciones municipales, participando
y dialogando con las autoridades locales para lograr una co gestión
donde sea tomada en cuenta la voz de la ciudadanía y que garantice la
transparencia y la inclusión en la gestión de los municipios.
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