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Al participar en un debate propiciado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, expresó que al condicionarse el derecho a ejercerse la profesión  a pasantías y exámenes de reválidas, se atenta contra la libertad de empresa, la cual no puede ser limitada más que por causa de seguridad o interés público.

Dijo que para tributar como exige la ley, los abogados prestan sus servicios a través de empresas, por lo que la prohibición de hasta 3 años para hacer lo propio que el proyecto contempla en ciertas hipótesis, vulnera la libertad de empresa y el derecho al trabajo, que, según explicó, nadie puede impedir en virtud del artículo 62 de la Constitución.

Señaló también que el proyecto quebranta el derecho fundamental a la igualdad. “Sin mediar razones objetivas ni razonables, los abogados, para acceder al ejercicio de su profesión, tendrían que satisfacer exigencias de las que estarían liberados los ingenieros, arquitectos, administradores, entre otros, y ese tratamiento diferenciado sería inconstitucional”, expuso.

Afirmó que la educación continuada que se propone “parece salida de unas tiras cómicas”, ya que las 600 horas anuales que el proyecto prevé, equivalen a 2 horas y 30 minutos entre los días lunes y viernes de cada una de las 52 semanas del año, lo que a juicio del reconocido jurista es innecesario y, además, sustraería tiempo para compartir en familia, recrearse y hacer deporte, derechos igualmente reconocidos como fundamentales”.

Alegó que la crisis no es de la carrera como argumenta la SCJ, sino del sistema, y aseguró que la “hiriente distancia” que media entre la ley y la noción de Justicia no es culpa de la incapacidad o masificación de abogados, sino por “el egoísmo y la venalidad de muchos jueces, que se han complacido en edificar la Justicia a imagen y semejanza de sus propios intereses”, concluyó Cury.