Yaguaza.com

La Fiscalía de Puerto Plata no estaría investigando con seriedad las infracciones que se le denuncian, externó el jurista Julio Cury, quien acusó al fiscal Julio César García Morfe, de esa demarcación, de haber solicitado con una “ligereza pasmosa” una orden de arresto contra dos importantes empresarios canadienses, uno de los cuales no habría visitado jamás el país.

            Alegó que el mencionado fiscal no practicó ninguna investigación para determinar siquiera la certeza de la ocurrencia del hecho denunciado, violando así, a juicio de Cury de forma “muy extraña”, los artículos 169 de la Constitución y 88 de la Ley No. 133-11.

Agregó que sin individualizar las circunstancias de tiempo, lugar, modo y persona, se precipitó a pedir el arresto “sin justificarlo ni aportar un solo indicio probatorio” en contra de los empresarios, como exige el artículo 225 del Código Procesal Penal. “Es una actuación que se inscribe dentro de la arbitrariedad inquisitorial más degradante, y no puede hablarse de democracia ante un ejercicio tan predispuesto al abuso como el de este fiscal”.

            Cury explicó que toda investigación debe llevarse a cabo “en atención a los principios de legalidad y objetividad a fin de poderse precisar tanto las circunstancias que fundamenten o agraven la responsabilidad penal, como las que la atenúen, eximan o extingan”.

Manifestó que García Morfe violó la ley orgánica del Ministerio Público al proceder sin motivos. “En lugar de asumir una posición de neutralidad y conducir una investigación seria para aproximarse a la verdad de la hipótesis que le fue denunciada, atentó olímpicamente contra el derecho a presumirse inocente y ser tratado como tal, optando de un plumazo por una medida materialmente injusta y desproporcionada, generando un sospechoso déficit de imparcialidad”, señaló el reconocido abogado.

Sostuvo las exigencias garantistas del Estado constitucional de derecho resultan “malogradas” por excesos como el que habría cometido el fiscal, contra quien los empresarios agraviados presentarán una denuncia disciplinaria ante la Inspectoría General del Ministerio Público. “El jus puniendi ha ejercido una suerte de atracción fatal sobre ciertos miembros del Ministerio Público, tentándolos a ejercer sus potestades con fines de penalización inmediata. Y este es sin ninguna duda uno de esos casos”, expuso Cury.