Yaguaza.com

El Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana quiere compartir con la opinión pública que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar informados
/as y a recibir educación sexual y reproductiva. Este derecho forma parte de sus derechos humanos, conforme lo establece la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes de República Dominicana, así como numerosos tratados y declaraciones internacionales y leyes nacionales.

La República Dominicana ha establecido la protección de la infancia como norma fundamental
en el artículo 56 de la Constitución Nacional y ha creado un nuevo Código para la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, Ley 136/03. Esta ley señala explícitamente que todos los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados/as y educados/as sobre los principios
básicos de prevención en materia de (…) salud sexual y reproductiva (Artículo 26). Asimismo establece
que el Estado con la participación activa de la sociedad garantizará programas de información y
educación sobre estas materias.

El cumplimiento de este derecho es particularmente relevante en el contexto de República
Dominicana. Según la ENDESA 2007, el 50.3% de las mujeres y el 66.6% de los hombres han tenido
relaciones sexuales antes de cumplir 18 años. La falta de información sobre temas de salud sexual y
reproductiva contribuye de manera directa a las altas tasas nacionales de embarazo en adolescentes.

Según ENHOGAR 2009-2010 una de cada cinco adolescentes dominicanas (de 15 a 19 años) ha estado
embarazada por lo menos una vez. El país ocupa el quinto lugar en la ocurrencia de embarazos a
temprana edad en la región, sólo superado por Nicaragua, Honduras, Venezuela y Ecuador.

El embarazo a temprana edad perpetúa el círculo de la pobreza. Es una de las mayores causas
de la deserción escolar (44%), limita su desarrollo personal y profesional, y dificulta su adecuada
inserción en el ámbito laboral. El embarazo en adolescentes aumenta los riesgos de complicaciones en
el embarazo y el parto. Según ENHOGAR 2009-2010, los riesgos de muerte por eclampsia, obstrucción
en el parto, hemorragia o infección entre las adolescentes son hasta tres veces mayores que en las
mujeres con edades entre 18 y 34 años. El 19% de las mujeres que mueren durante el parto son
adolescentes.

La falta de información y educación sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes
contribuye también a la práctica de conductas de riesgo que exponen a niños, niñas y adolescentes al
contagio del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado y la sociedad civil, y de que la norma establece el derecho y la obligación de informar, el
conocimiento comprensivo entre población adolescente (15 a 17 años) sobre VIH/SIDA está por debajo
del 40%, con una diferencia entre mujeres (39.1%) y hombres (32%). Esta situación es particularmente
grave si se considera que para 2011 se estima que 44,234 adultos y niños viven con el VIH en el país.
COMUNICADOPág. 2 de 2

Por ello, entre las líneas de acción para lograr la igualdad de derechos y oportunidades, la
Estrategia Nacional de Desarrollo reconoce la necesidad de incorporar al currículo educativo la
educación sexual y reproductiva de los niños, niñas y adolescentes, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH y promover la formación en valores.

La educación sexual integral y eficaz, logra aumentar los conocimientos, reducir el embarazo en
adolescentes, reducir el riesgo de contagio por VIH y enfermedades de transmisión sexual y proteger a
los niños y niñas contra el abuso sexual. El cumplimiento y garantía de los derechos sexuales y
reproductivos, promueve las normas equitativas de género y el empoderamiento de niños, niñas y
adolescentes.

Todos/as los niños, niñas y adolescentes deben ser debidamente informados/as y educados/as
para ejercer progresivamente y con responsabilidad su sexualidad. El Sistema de Naciones Unidas apoya
técnicamente todos los esfuerzos del Estado y la Sociedad Civil para el cumplimiento de este derecho,
convencidos de que este esfuerzo constituye una necesidad evidente ante la situación existente en el
país.