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El Movimiento Ambiental Dominicano, en toda su diversidad, se siente indignado y agredido por la negación de los derechos ambientales en el texto constitucional y la inclusión de principios que van a contracorriente de las tendencias universales de protección ambiental, uso sostenible de los recursos naturales y de la responsabilidad del Estado en la creación de garantías efectivas e instrumentos jurisdiccionales pertinentes en materia de medio ambiente y recursos naturales y de los derechos subjetivos consagrados en los textos constitucionales.

Es inexplicable la supresión de:

El derecho al desarrollo; La promoción y conservación de los conocimientos tradicionales;

El derecho al uso de los avances de las ciencias y la tecnología, el derecho al acceso y libre expresión en el ciberespacio

El derecho al disfrute y la patrimonialidad de los recursos genéticos.

El derecho a una administración pública honesta y transparente

La tutela de la salud pública

El acceso a las fuentes de agua

El adecuado funcionamiento de las fuerzas del mercado y la competencia leal

Los intereses y derechos del consumidor y del usuario de bienes y servicios públicos.”

Resulta contradictorio que en estos momentos, en que se proclama en los foros internacionales el manejo integral de la zona costera, el libre acceso de la población a los recursos marinos y sus servicios ambientales, se planteen formas difusas de negación de estos derechos a los dominicanos, a la vez que se incentiva la privatización de estos espacios.

Entre los derechos difusos o colectivos suprimidos existen compromisos asumidos por el Estado Dominicano, al haber sido aprobados por las instancias competentes; convenios internacionales vinculantes como el Convenio de la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas sobre El Derecho del Mar entre otros muchos. De igual manera, el país renuncia a través de esta Constitución, al cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

Miles de horas y centenares de jornadas de discusión a lo largo, lo ancho y lo profundo del país permitieron construir un consenso que unificó a nuestro sector a pesar de las conocidas divergencias en enfoques técnicos y políticos, llegando incluso a mantener grandes confrontaciones en aspectos puntuales y una unidad monolítica en la propuesta constitucional.

A pesar de haber hecho opción preferencial por la constituyente, el sector ambiental se incorporó con entusiasmo y espíritu propositivo a las amplias jornadas de consulta popular produciendo un documento síntesis que no se reflejó en el documento definitivo propuesto a las cámaras por el Poder Ejecutivo.

Aun así, el sector ambiental en todas sus expresiones orgánicas, de visión y de militancia se articuló en torno a la Comisión Ambiental del Senado de la República y adecuó sus aportes a la nueva propuesta, logrando, tras intensas jornadas de consultas, debates, revisiones técnicas y consensos `políticos, una propuesta síntesis que fue sometida en primera lectura y aprobada a unanimidad por los asambleístas presentes.

Fue notable el apoyo dado por los legisladores de ambas Cámaras, del Presidente del Senado de la República y del Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la presentación pública en el augusto Salón de la Asamblea Nacional de la propuesta consensuada por el Sector Ambiental, que sirvió de base al texto aprobado en primera lectura por la Asamblea Revisora.

A pesar de que los contenidos incorporados en la primera votación no expresaban la visión total de cada uno de los sectores ambientales, lo aprobado en materia ambiental se constituyó en el óptimo posible en defensa del carácter patrimonial y la conservación de los recursos naturales; en la previsión del deterioro ambiental y en la consagración de los derechos ambientales difusos.

La negación constitucional de estos derechos pone en riesgo la utilidad cierta de la presente reforma constitucional para procurar una efectiva protección jurídica del patrimonio natural de la Nación y del derecho que tenemos los dominicanos a disfrutar un ambiente sano en armonía con la naturaleza.

Lo ocurrido en la Asamblea Revisora no es consistente con el interés general de la Nación dominicana.

Lamentamos profundamente que nuestros legisladores, constituidos en Asamblea Revisora, hayan preferido defender intereses personales, empresariales y políticos por encima del sagrado interés de la Nación.

Este hecho no puede ignorarse y no debe ser olvidado.
Invitamos a cada comunidad y a cada ciudadano que manifieste a sus representantes que sus derechos han sido lesionados; que no fueron dignamente representados; que no los eligieron para que los desprotegieran y desampararan; que se requiere una explicación; que se esperaba de ellos otra conducta.

Modificar los resultados alcanzados en la primera lectura en materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales solo para satisfacer las apetencias de grupos particulares constituye una burla y un engaño a la población dominicana y convierte en urgente y necesaria una reforma constitucional verdadera, coherente, que incorpore adecuadamente los asuntos ambientales y que debe ser discutida y aprobada por constituyentes electos por voto popular solo para esos fines y que representen el sano interés de toda la nación y no de grupos particulares.

Las instituciones, organizaciones y personas que constituimos el Sector Ambiental Dominicano queremos dejar constancia al país de que esta no es la Constitución por la que trabajamos ni es la Constitución que merecemos.