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La falta de una planta de tratamiento en el proyecto 26 de Enero, en Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, desborda la desembocadura de las tuberías cloacales de alrededor de mil apartamentos, lo que expide un hedor insoportable para los moradores de la zona.

Otros problemas que enfrentan los habitantes del proyecto es la delincuencia que se refugia en tres locales comerciales cuyos dueños han abandonado, muy próximo al destacamento de la Policía Nacional denominado “Captura de Prófugos”, así como la falta de agua potable en algunos apartamentos.

Ante la falta de la planta de tratamiento, las tuberías que salen de cada bloque de apartamentos se desborda, por lo que los vecinos se han visto obligados a verter los desperdicios hacia una cañada que cruza por unos terrenos próximos a donde ha sido proyectado un complejo de viviendas, cerca de la avenida Jacobo Majluta.

Octavio Ogando, presidente de la junta de vecinos, expresó que las autoridades de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) han ido al lugar pero no han hecho el trabajo que se requiere, porque el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) no le ha entregado los planos.

Señaló que también se han dirigido en dos ocasiones al Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Norte (ASDN), pero ha sido imposible contactar a los responsables; fueron el pasado miércoles.

La primera etapa del proyecto, unos 14 edificios con 448 apartamentos, fueron inaugurados en los años 1997 y 1998, pero la mala conexión de las tuberías impide que los bloques ocho, nueve, diez y once tengan agua potable, por lo que sus habitantes tienen que comprar el líquido a camiones privados.

En tanto que los locales comerciales abandonados están en los edificios tres y cuatro, entregados mediante permuta del Poder Ejecutivo a la familia De los Santos Pérez, que en principio instaló un billar y luego lo abandonó, lugares que, según los moradores, “ahora sirven de refugios para los delincuentes y violadores de mujeres”.

Ogando sostuvo que a pesar de los esfuerzos ante las autoridades policiales, la Fiscalía y el INVI, para que las autoridades tomen medidas, no se le ha hecho caso.

El área donde se construiría la planta de tratamiento es ocupada por personas que se dedican a esa práctica en la zona.

Tanto la junta de vecinos como otras entidades sociales organizadas por la comunidad del lugar han hecho toda clase de actividades con miras a motivar a las autoridades a que completen la obra, la cual sigue en fase inconclusa por el gobierno.

(Cortesía Hoy/Juan María Ramírez)