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En este país existe desigualdad salarial en el gobierno central e instituciones autónomas. La situación contrasta con los míseros sueldos que perciben la mayoría de empleados estatales. Es preciso señalar que se dan casos de personas que han sido diputados por cuatro años y disfrutan de pensiones que oscilan entre 28 y 40 mil pesos mensuales, lo que constituye injusticia y privilegio si tomamos en consideración a ciudadanos que sirvieron por 30, 35, 40 años y más de manera honesta y sus pensiones son irrisorias, 5 mil pesos a partir del próximo mes. Por esta y otras injusticias y burlas es que ha aumentado considerablemente el número de ciudadanos que no ejercen su derecho al sufragio que en las recientes elecciones rondó cerca del 40 por ciento. No es justo que funcionarios devenguen salarios elevados, algunos de más de 1 millón de pesos, mientras decenas de miles de servidores estatales tienen ingresos por debajo de 10 mil pesos, suma que frente al alto costo de la vida les resulta insuficiente para subsistir decentemente y con ciertas comodidades.